La voz de alarma de lo que venía sucediendo en Co-lombia la habían dado dos instituciones de intachable reputación: Human Rights Watch (HRW)y Amnistía Internacional (AI). HRW, en un comunicado difundido el 16 de octubre, denunciaba las trabas que el Gobierno Colombiano le estaba poniendo a la justicia para investigar y juzgar los delitos cometidos por los paramilitares.
AI, en su estudio sobre el estado de los derechos humanos en Colombia, publicado el 28 de octubre, señalaba que el Gobierno de Colombia "está dando una versión muy optimista de la situación de los DD.HH. en el país, a pesar de que cada vez son más los informes sobre el desplazamiento forzado, ataques contra activistas sociales y homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad".
El escándalo, sin embargo, había estallado a mediados de setiembre cuando fueron hallados los cadáveres de 19 jóvenes sin identificar que habían sido entregados por el Ejército a Medicina Legal del Norte de Santander como subversivos caídos en combate. Se trataba, en realidad, de chicos humildes que habían sido secuestrados de sus comunas en las afueras de Bogotá y asesinados horas después de que sus familiares denunciaran las desapariciones, a comienzos de enero.
Ni la fuga del ex congresista Óscar Lizcano, que permaneció ocho años secuestrado e incomunicado en las mazmorras de las FARC, logró tapar el horror causado por el asesinato de estos 19 jóvenes inocentes y por el descubrimiento de fosas comunes similares en diversas partes del país.
En una decisión sin precedentes en la historia de Colombia, el presidente Álvaro Uribe anunció el miércoles pasado el pase a retiro de 27 militares, entre ellos tres generales, involucrados en las desapariciones. El mandatario dijo que estos crímenes se cometieron para dar la sensación de que se está enfrentando a los criminales (en referencia a las FARC).
Algunos militares inescrupulosos están creando estos 'falsos positivos' para recibir las recompensas otorgadas por cada baja reportada y esto sucede justamente cuando el Gobierno está dando los más duros golpes contra el grupo terrorista y ha logrado liberar a decenas de rehenes, así como la deserción de gran número de insurgentes de las FARC gracias a una serie de incentivos.
Por eso mismo estos crímenes no deben quedar impunes .Tiene que haber una exhaustiva investigación para hallar a los culpables y que les caiga todo el peso de la justicia, porque nadie en un Estado de derecho está por encima de sus propias leyes.
Los militares que reclaman que no se los investigue porque son quienes ponen el pecho para defender Colombia se equivocan. Si los culpables no son castigados, las sospechas por estos horrendos crímenes caerán sobre toda la institución.
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